En una victoria para la transparencia y la libertad de expresión, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. ha fallado unánimemente a favor de X para limitar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para emitir órdenes de mordaza.  Estas órdenes de mordaza impiden que X notifique al público cuando recibe órdenes de registro y citaciones del gobierno. El año pasado, X recibió una citación del gobierno federal exigiendo la información personal de dos ex agentes del FBI, Kyle Seraphin y Garrett O'Doyle. Esto fue acompañado por una orden de mordaza que requería que X mantuviera la citación en secreto. Seraphin y O'Doyle eran denunciantes que habían revelado al Congreso que el FBI estaba apuntando indebidamente a ciertos grupos políticamente desfavorecidos.   Después de sus actividades de denuncia, Seraphin y O'Doyle fueron despedidos de sus trabajos y sujetos a una investigación criminal, lo que sugiere represalias por parte del gobierno.  Sin embargo, cuando X quiso revelar de manera transparente la citación del gobierno al público, no pudo hacerlo porque el gobierno había obtenido una orden de mordaza.  X impugnó la orden de mordaza en los tribunales, argumentando que violaba los estatutos federales y la Primera Enmienda.  El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ahora ha reivindicado la impugnación de X, dictaminando que la orden de mordaza excedió la autoridad del gobierno.  X acoge con satisfacción el fallo, que ayudará a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para investigar a sus ciudadanos.

Las autoridades francesas han iniciado una investigación criminal por motivos políticos sobre X por la supuesta manipulación de su algoritmo y la supuesta "extracción fraudulenta de datos". X niega categóricamente estas acusaciones. Esta investigación, instigada por el político francés Eric Bothorel, socava atrozmente el derecho fundamental de X al debido proceso y amenaza los derechos de nuestros usuarios a la privacidad y la libertad de expresión. El Sr. Bothorel ha acusado a X de manipular su algoritmo con fines de "interferencia extranjera", una acusación que es completamente falsa. Las autoridades francesas han solicitado acceso al algoritmo de recomendación de X y a los datos en tiempo real sobre todas las publicaciones de los usuarios en la plataforma para que varios "expertos" analicen los datos y supuestamente "descubran la verdad" sobre el funcionamiento de la plataforma X. Uno de esos "expertos" es David Chavalarias, quien encabeza la campaña "Escape X". Anteriormente conocida como "HelloQuitteX", la campaña se dedica a alentar a los usuarios de X a abandonar la plataforma. Un segundo "experto", Maziyar Panahi, ha participado anteriormente en proyectos de investigación con David Chavalarias que demuestran una abierta hostilidad hacia X. La participación de estas personas plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad, la equidad y las motivaciones políticas de la investigación, por decirlo caritativamente. Un resultado predeterminado no es justo. Además, las autoridades francesas han clasificado a X como una "banda organizada" a los efectos de la investigación. Esta caracterización, que generalmente se reserva para los cárteles de la droga o los grupos mafiosos, permite a la policía francesa desplegar amplios poderes de investigación bajo la ley francesa, incluida la intervención telefónica de los dispositivos personales de los empleados de X. X permanece en la oscuridad en cuanto a las acusaciones específicas hechas contra la plataforma. Sin embargo, según lo que sabemos hasta ahora, X cree que esta investigación está distorsionando la ley francesa para servir a una agenda política y, en última instancia, restringir la libertad de expresión. Por estas razones, X no ha accedido a las demandas de las autoridades francesas, como tenemos derecho legal a hacer. Esta no es una decisión que X tome a la ligera. Sin embargo, en este caso, los hechos hablan por sí solos. X se compromete a defender sus derechos fundamentales, proteger los datos de los usuarios y resistir la censura política. ********** Las autoridades francesas han abierto una investigación penal por motivos políticos sobre la presunta manipulación del algoritmo de X y una supuesta extracción fraudulenta de datos. X niega categóricamente estas acusaciones. Esta investigación, iniciada por el diputado francés Eric Bothorel, socava gravemente el derecho fundamental de X al debido proceso y amenaza el derecho de nuestros usuarios a la privacidad y la libertad de expresión. Bothorel acusó a X de manipular su algoritmo con el propósito de "interferencia extranjera", una acusación completamente falsa. Las autoridades francesas han solicitado acceso al algoritmo de recomendación de X y a los datos en tiempo real de todas las publicaciones de los usuarios de la plataforma, para que varios "expertos" puedan analizar los datos y, supuestamente, "descubrir la verdad" sobre el funcionamiento de la plataforma X. Uno de esos expertos es David Chavalarias, quien dirige la campaña "Escape X". Anteriormente conocida como "HelloQuitteX", esta campaña tiene como objetivo alentar a los usuarios X a abandonar la plataforma. Un segundo "experto", Maziyar Panahi, ha participado anteriormente con David Chavalarias en proyectos de investigación abiertamente hostiles a X. La participación de estas personas plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad, la equidad y las motivaciones políticas de esta investigación, por decir lo menos. Una investigación con un resultado predeterminado no es justa. Además, en el contexto de esta investigación, las autoridades francesas clasificaron a X como una "banda organizada". Esta clasificación, que normalmente se reserva para los cárteles de la droga o los grupos mafiosos, permite a la policía francesa utilizar amplios poderes de investigación, incluida la intervención de los teléfonos personales de los empleados franceses. X permanece en la oscuridad sobre las acusaciones específicas que se están haciendo contra la plataforma. Sin embargo, según lo que sabemos hoy, X cree que esta investigación se basa en una aplicación incorrecta de la ley francesa, con el fin de servir a una agenda política y, en última instancia, restringir la libertad de expresión. Por estas razones, X no accedió a las solicitudes de las autoridades francesas, como es nuestro derecho. X no tomó esta decisión a la ligera. Sin embargo, en este caso, los hechos hablan por sí solos. X está decidido a defender sus derechos fundamentales, proteger los datos de sus usuarios y resistir la censura política.