El hecho es que quiénes son _permitidos_ despedir por los empleadores y quiénes _deben_ ser despedidos y quiénes _no deben_ ser despedidos es totalmente poco principista en cualquier sentido convencional de ese término. Empíricamente, es una cuestión de puro poder por parte de grupos de interés y del sentimiento público, y a través de estas cosas sobre las leyes impuestas a las empresas, y sobre las responsabilidades generadas; y así, directamente, una cuestión de los costos incurridos por las empresas a través de estas y otras vías cuando se encuentran empleando a una persona determinada. Las personas que se identifican como "comunistas" y "fascistas" son ambas increíblemente cansinas, pero en el mundo actual los comunistas son lo suficientemente poderosos políticamente como para vivir abiertamente e imponer costos a las empresas que emplean a fascistas, y los fascistas no son lo suficientemente poderosos como para responder de la misma manera. No hay forma en que esto pueda ser razonablemente interpretado como justo. La pregunta es, quién será el amo--eso es todo. Uno podría haber esperado que un fascista autodenominado entendiera esto.