Los estados Bolívar y Amazonas en el sur de Venezuela se han convertido en el epicentro de una extensa economía ilícita del oro. Sindicatos criminales, grupos guerrilleros colombianos y soldados venezolanos rebeldes compiten, y a menudo colaboran, por el control de minas que generan vastas ganancias en medio de los altos precios globales del oro. A medida que el colapso económico, agravado por las sanciones, se profundiza y el conflicto político continúa, los mineros a pequeña escala, muchos desplazados de otras regiones, trabajan bajo el yugo de quien controla las minas. Estas minas se han convertido en zonas en disputa donde la violencia, la extorsión y la explotación son rutinarias. Mientras Caracas afirma estar tomando medidas enérgicas contra la minería ilegal, la evidencia sugiere que los despliegues militares en gran medida reorganizan quién se beneficia. Los soldados imponen frecuentemente "impuestos", incautan minas para enriquecerse personalmente o entran en acuerdos informales que permiten a los guerrilleros mantener el control a cambio de favores. Cuando las redes criminales venezolanas, conocidas como sistemas, son desplazadas, se mueven más adentro de la selva, acelerando la deforestación y la expansión de la minería no regulada.